Resumen.
Antes de la disolución del Sistema Bell de AT&T, las compañías telefónicas estadounidenses estaban obligadas a ofrecer servicio a todos los hogares de sus regiones, sin importar su solvencia crediticia. En los Estados Unidos, había unos 12 millones de nuevos suscriptores cada año, con deudas incobrables que superaban los 450 millones de dólares anuales. Para protegerse contra este riesgo crediticio y contra el robo y el abuso de equipos por parte de los clientes, la ley permitía a las empresas exigir un depósito de seguridad a un pequeño porcentaje de los suscriptores. Cada empresa operadora de Bell desarrolló su propio modelo estadístico complejo para determinar qué clientes representaban el mayor riesgo y, por lo tanto, se les debía cobrar un depósito. Pero las empresas nunca supieron realmente si los modelos eran correctos. Decidieron que la forma de ponerlos a prueba era cometer un error deliberado y multimillonario.