Los argumentos a favor de la Opción Pública frente a Medicare para todos

¿Cómo puede Estados Unidos controlar mejor los costes y la calidad de su atención sanitaria y, aun así, lograr la cobertura universal? La opción más sólida no es Medicare para todos, que eliminaría los seguros privados; es la opción pública, que permitiría a la gente elegir entre Medicare o las aseguradoras privadas. Pero la opción pública sólo puede lograr controlar los costes y la calidad y alcanzar la cobertura universal si se aplica sin los trucos de financiación que caracterizan a Medicare. En este artículo, definimos los principios que pueden hacer de la opción pública el competidor legítimo y poderoso de las aseguradoras privadas y cómo esta competencia ampliaría el acceso y mejoraría el coste y la calidad. Pero antes aclararemos lo extremadamente importante que es la cobertura universal. Cobertura sanitaria universal: Política de vida o muerte La cobertura sanitaria universal es fundamental para el bienestar físico, fiscal y político de una nación. En ningún lugar es esto más evidente que en Estados Unidos, la nación más rica del mundo, que aún tiene 28,3 millones de personas sin seguro médico. Los estadounidenses han muerto literalmente, se han arruinado, han quedado discapacitados y se han quedado en trabajos sin futuro que ofrecen seguro. Y sin embargo, a pesar de la falta de cobertura universal, Estados Unidos gasta más en porcentaje del PIB que cualquier otra nación y su calidad de atención es errática. Incluso con sus recursos y su tecnología médica de primera clase, ocupa el último lugar entre las naciones desarrolladas a la hora de evitar muertes evitables. Centro Insight Innovar en atención sanitaria Patrocinado por Medtronic Mejorar los resultados y la experiencia de los pacientes. La cobertura universal tiene una larga historia en otros países desarrollados. Comenzó como una cobertura sanitaria basada principalmente en el empleador en la década de 1880 en Alemania, se transformó en una cobertura universal respaldada por el gobierno en Inglaterra en 1948, marchó a través de Europa Occidental y Oriental en los 25 años siguientes, y luego en América Latina, África, Asia y Canadá, convirtiendo a Estados Unidos en la excepción entre los países desarrollados. Finalmente, tras 65 años y 12 presidentes, Estados Unidos aprobó la Ley de Asistencia Asequible (ACA) en 2010 para reducir significativamente los 45 millones de estadounidenses que carecían de seguro. La aprobación de la legislación fue muy reñida y sus resultados, nueve años después, son desiguales. En el lado positivo, la ACA aseguró a más de 20 millones de estadounidenses adicionales, reduciendo el porcentaje de la población estadounidense que no estaba asegurada del 17% en 2008 al 10% en 2016, y menos personas han sufrido crisis financieras desde que están aseguradas a través de la ACA. Aunque los datos son prematuros, puede contribuir a que los estadounidenses estén más sanos. Pero también hay aspectos negativos. El eslogan de la ACA, "si le gusta su plan o su médico, puede conservarlo", resultó falso para muchos. Y 14,7 millones de los más de 20 millones estaban asegurados a través de Medicaid, el seguro médico estadounidense para los indigentes, que según el importante Experimento del Seguro Médico de Oregón no tuvo ningún efecto sobre el estado de salud (pero sí tuvo un efecto positivo sobre el estado de salud mental autodeclarado ). La atención sanitaria sigue siendo inasequible para millones de personas: Las primas de los seguros adquiridos en los intercambios relacionados con la ACA aumentaron un asombroso 26%, lo que ayuda a explicar por qué la inscripción no subvencionada disminuyó en 2,5 millones de personas entre 2017 y 2018. Los nuevos asegurados que no estaban cubiertos por Medicaid se enfrentaron a pólizas de la ACA con deducibles sustanciales de al menos 1.400 dólares para un individuo o 2.800 dólares para una familia. Por último, el reducido número de aseguradoras que aceptaron participar en la ACA tenían pocos incentivos para competir en precios, reducir los gastos de bolsillo u ofrecer una amplia selección de proveedores. Así que lo que Estados Unidos necesita, y los estadounidenses quieren, son primas y gastos de bolsillo más bajos para la atención sanitaria, un número suficiente de aseguradoras privadas competitivas para cumplir la promesa de "si le gusta su plan o su médico, puede conservarlo" y, como revelan las encuestas, ninguna exclusión por afecciones preexistentes, ningún límite vitalicio en las prestaciones y cobertura para los hijos hasta los 26 años en el seguro de los padres. La opción "Medicare para todos", que eliminaría todas las aseguradoras privadas, no es claramente la respuesta que quieren los estadounidenses. No quieren perder su seguro médico privado en favor de una burocracia pública ni pagar su precio anual de 3,2 billones de dólares en forma de impuestos más altos. Cómo la opción pública puede curar el sistema sanitario estadounidense El objetivo de mejorar la asequibilidad de la atención sanitaria, la continuidad de los seguros privados y un mejor acceso a proveedores de calidad puede lograrse con la opción pública, pero sólo si se aplica con tarifas que reflejen una suscripción realista y una contabilidad de costes precisa y justa. El componente de Medicare de la opción pública es tremendamente popular: El 85% de los beneficiarios de Medicare están satisfechos con el programa federal. ¿Y por qué no? Muchos médicos lo aceptan y los beneficiarios sólo pagan una parte del coste, pasando el resto a las generaciones futuras. El Congreso estadounidense, demócratas y republicanos por igual, regala prestaciones a los usuarios cuyo valor supera con creces lo que pagan. Cada beneficiario recibe de media 310.000 dólares más en prestaciones de lo que pagó. Las facturas impagadas -37 billones de dólares en el último recuento- se han ido echando a las generaciones futuras en forma de mayores déficits federales. El Instituto Galen informa de que los déficits anuales de Medicare son responsables de un tercio de la deuda federal estadounidense. Sin embargo, la enorme escala de Medicare confiere auténticas eficiencias administrativas y de compra. Medicare gasta hasta siete veces menos que las aseguradoras privadas en costes administrativos. También paga a los hospitales un 40% menos y a los proveedores entre 2 y 3,5 veces menos que las aseguradoras privadas por los mismos servicios. Algunos sostienen que los proveedores se limitan a trasladar los impagos de Medicare y Medicaid a las aseguradoras privadas, pero esa acusación ha sido refutada. Más bien, es plausible que estos pagos ayuden adecuadamente a exprimir el tercio de los gastos sanitarios que muchos expertos consideran puro despilfarro. La opción pública puede aprovechar estas eficiencias, pero sólo si se implanta sin los trucos de financiación que han reducido artificialmente los costes de Medicare a costa de nuestra progenie y que le permitirían competir injustamente con las aseguradoras privadas. Para garantizar que todas las aseguradoras jueguen en igualdad de condiciones, los principios de financiación pública deben ajustarse a los de las aseguradoras privadas. Por un lado, los gastos de la opción pública deben ser financiados por los usuarios actuales, no por las generaciones futuras. En otras palabras, debe ser de pago, como los seguros privados. La contabilidad de la opción pública también debe incluir todos sus gastos, como el pasivo no financiado de las prestaciones posteriores a la jubilación de los empleados de Medicare, que a menudo se entierran en algún fondo distinto del de Medicare. También debe contabilizar el coste del dinero que los contribuyentes y tenedores de deuda estadounidenses han invertido en construir la infraestructura de Medicare, incluidos sus edificios, equipos y trabajadores. Al fin y al cabo, las aseguradoras privadas incurren en gastos para construir la infraestructura que les permite comercializar sus productos; sin embargo, según las prácticas contables actuales, Medicare obtiene estos activos gratuitamente. Para ser realistas, expertos contables auditarían rutinariamente las declaraciones financieras de la opción pública para certificar que sus gastos se declaran con exactitud, al igual que se hace con las aseguradoras privadas. Las aseguradoras privadas se verán obligadas a competir con los costes más bajos de la opción pública mediante la mejora de los precios, el servicio y la calidad. Pueden ofrecer, por ejemplo, pólizas de bajo coste que trasladen a los afiliados de los estados de alto coste a otros de alta calidad y bajo coste, como Utah. O pueden emular a Ashley Furniture enviando a una afiliada a un México de bajo coste para una intervención ortopédica, con un cirujano estadounidense que cobró el triple de lo que Medicare pagaba a la paciente, 5.000 dólares, más todos sus gastos de viaje y de bolsillo. (Por razones políticas, Medicare no puede emular políticas que favorezcan a determinados estados ni enviar a sus afiliados fuera de Estados Unidos). Para ayudar a las aseguradoras privadas a competir, la nueva legislación debería permitir la agrupación de los seguros de salud, vida, accidentes, invalidez y cualquier otro producto, así como la posibilidad de vender más allá de las fronteras estatales. Esta mayor competencia entre aseguradoras y proveedores reduciría los costes, lo que aumentaría el acceso a la cobertura y probablemente mejoraría la calidad de la atención. Personalmente, creemos que a Estados Unidos le iría mejor emulando a tres países europeos -Alemania, Suiza y Países Bajos- que son alabados por la calidad de sus sistemas sanitarios de cobertura universal y, sin embargo, gastan mucho menos en ellos que Estados Unidos. Estos países son fiscalmente mucho más sanos que las naciones con sistemas de seguro médico gestionados por el gobierno similares a Medicare para todos. Pero la realidad es que este modelo es políticamente insostenible en Estados Unidos porque depende totalmente de las aseguradoras privadas y exigiría eliminar el muy popular Medicare y dar a la gente vales para comprar pólizas de seguros privados. En general, a los estadounidenses les gustan tanto los seguros privados como Medicare, pero deploran universalmente sus costes. Medicare para todos elimina las aseguradoras privadas y aumenta la carga de los contribuyentes. La opción pública mantiene a las aseguradoras privadas y controla los costes sanitarios. Sin embargo, requerirá un respaldo administrativo legislativo y gubernamental y una supervisión independiente para garantizar que la opción pública alcance estos objetivos de forma legítima, sin recurrir a los trucos de financiación de Medicare.

Los argumentos a favor de la Opción Pública frente a Medicare para todos

Resumen.

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